La decisión del nuevo ejecutivo municipal de revertir la adopción de la definición de antisemitismo de la IHRA generó una inmediata fricción diplomática con el gobierno de Benjamín Netanyahu.
La flamante administración local ha desencadenado un profundo desacuerdo en el ámbito de las relaciones exteriores tras anular una serie de normativas heredadas de la gestión anterior. La medida más sensible, por sus implicancias internacionales, fue la revocación del decreto que adoptaba la conceptualización de antisemitismo propuesta por la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA).
El decreto anulado, promovido por el predecesor del actual ejecutivo, había formalizado la adhesión de la ciudad a la definición de la IHRA, utilizada como estándar por numerosos gobiernos y organizaciones mundiales para monitorizar y combatir el odio contra la comunidad judía. Esta conceptualización es particularmente relevante debido a que incluye ejemplos que ayudan a distinguir la crítica política a Israel de expresiones antisemitas.
Cómo será la vida en 2026: las 10 predicciones de The New York Times para el nuevo añoLa respuesta de la Cancillería israelí, dirigida por el gobierno de Benjamín Netanyahu, fue inmediata y contundente. Mediante un comunicado oficial, Jerusalén expresó su «profunda consternación» por la decisión, calificándola de un retroceso en los esfuerzos por la memoria del Holocausto y la lucha global contra los discursos de odio étnico y religioso.
Funcionarios israelíes señalaron que la desestimación de esta herramienta conceptual envía un mensaje equívoco respecto al compromiso de la ciudad con la defensa de los derechos humanos y la memoria histórica. Argumentaron que la definición de la IHRA es crucial para garantizar que las autoridades locales cuenten con marcos claros para la acción judicial y educativa.
La controversia eleva la tensión entre la nueva gestión municipal y actores internacionales clave, obligando al alcalde a defender su postura administrativa como una corrección política interna, mientras enfrenta la presión de la diplomacia para reevaluar la derogación del polémico decreto.
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