El Congreso sancionó la Ley de Inocencia Fiscal, una iniciativa promovida por Santiago Caputo que busca desgravar el uso de dólares no declarados y afianza su influencia política.
El debate legislativo del Presupuesto culminó con la sanción de la Ley de Inocencia Fiscal, una herramienta impulsada directamente por el asesor presidencial Santiago Caputo. Esta aprobación se interpreta como la consolidación del control de Caputo sobre el área impositiva, un proceso que se inició tras asumir la dirección de la Agencia de Recaudación Centralizada (ARCA).
La normativa apunta a incentivar la circulación de los ahorros en moneda extranjera que permanecen fuera del sistema financiero. Se trata de una amnistía fiscal atenuada o blanqueo soft que busca estimular el gasto de activos no declarados, replicando la lógica de los antiguos proyectos conocidos como «tapón fiscal» implementados en la década del noventa.
El apellido Bolsonaro, ¿una ventaja o un lastre ante las presidenciales de Brasil en 2026?La gestación del proyecto fue coordinada por un equipo técnico liderado por Santiago Caputo. En la mesa de trabajo participaron el entonces director de ARCA, Juan Pazo; la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal; la directora del Banco Central, Silvina Rivarola, y el ministro de Economía, Luis Caputo, demostrando el consenso interministerial detrás de la iniciativa.
La intervención de Caputo también confirmó su regreso a la operación política directa sobre el Congreso. Recientemente, el asesor presidencial gestionó activamente los apoyos necesarios para asegurar el voto favorable de los gobernadores peronistas del Norte, un movimiento clave que garantizó la sanción del Presupuesto sin necesidad de que el texto regresara a la Cámara de Diputados.
Este despliegue de influencia operativa reavivó las tensiones internas con el sector liderado por la familia Menem, quienes buscaron mostrar presencia en el Senado para reafirmar su territorio. Más allá de la política, la ley es objeto de consultas intensivas con tributaristas y penalistas, quienes debaten el alcance real del blindaje legal que ofrece a los ahorristas frente a futuras administraciones.
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