Los programas sociales de transferencia directa, como la AUH y la Tarjeta Alimentar, fueron los únicos ingresos que crecieron en términos reales durante el ajuste fiscal, conteniendo la indigencia en un marco de caída salarial y pérdida de empleo formal.
El modelo de ajuste implementado por el gobierno de Javier Milei exhibe una dualidad en su política social: mientras el empleo registrado y los haberes jubilatorios registraron una marcada pérdida de poder adquisitivo, las transferencias directas a los sectores más vulnerables fueron las únicas que lograron expandirse por encima de la inflación. La Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar se consolidaron como excepciones presupuestarias en un contexto generalizado de reducción del gasto público.
Informes económicos confirman que el poder de compra de la AUH alcanzó niveles históricamente altos durante esta administración. La transferencia registró un incremento real superior al 20 por ciento en comparación con los valores de la gestión anterior, e incluso se sitúa nominalmente por encima del poder adquisitivo registrado al momento de la creación del programa. Esta mejora se explica por aumentos extraordinarios que superaron la evolución de los precios.
El gobierno estaría dispuesto a sacar el capítulo de ganancias de la reforma laboral, para que apoyen los gobernadoresEste refuerzo focalizado de la asistencia directa a los hogares más vulnerables es considerado el factor determinante para la contención social, impidiendo un estallido masivo de conflicto a pesar de la dureza del ajuste económico. El Gobierno blindó estos mecanismos, garantizando el flujo monetario a más de seis millones de beneficiarios y desplazando simultáneamente la intermediación de organizaciones sociales.
La protección de la indigencia contrasta con el deterioro de la capacidad de compra del resto de los ingresos. El ajuste recayó principalmente sobre el sector formal, donde el salario mínimo perdió poder adquisitivo de manera consistente y donde se registró una pérdida de empleos de calidad. De esta manera, si bien los planes sociales amortiguaron la situación alimentaria, la carga del plan económico recayó sobre el trabajo y los pasivos.
La política de transferencias directas, que actualmente alcanza a más de 4.1 millones de titulares de la AUH y 2.5 millones de familias con Tarjeta Alimentar, se estableció como el principal ancla de estabilidad social. Esta dinámica confirma la estrategia de la gestión libertaria: mantener la calma social a través de la ayuda directa mientras se implementa una profunda reducción del gasto estatal y una licuación de los ingresos medios.
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