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Tragedia ferroviaria en España: qué se sabe hasta ahora del choque de dos trenes de alta velocidad

19 Ene, 2026 8:39 a.m.|Actualizado: 19 Ene, 2026 9:01 a.m. AR

El Gobierno oficializó el aumento acelerado de las tarifas de gas y electricidad a partir de julio, confirmando un impacto directo en el bolsillo de los usuarios y un nuevo foco de conflicto político.

El Poder Ejecutivo nacional ratificó ayer la eliminación gradual de subsidios a la energía, una medida que impactará en los cuadros tarifarios del Área Metropolitana de Buenos Aires y el resto de las provincias. La Secretaría de Energía argumentó que la decisión responde a la necesidad impostergable de alcanzar el déficit cero y de sincerar los costos operativos del sector.

Los nuevos esquemas de ajuste implican que las facturas de servicios, especialmente gas y electricidad, experimentarán incrementos que, en algunos segmentos residenciales de alto consumo, superarán el 150 por ciento interanual. Si bien el cronograma establece topes iniciales, la velocidad de quita de asistencia estatal se aceleró drásticamente respecto de las proyecciones originales de inicio de año.

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Esta aceleración generó una inmediata reacción de rechazo por parte de un amplio sector de los gobernadores, incluyendo mandatarios de la oposición dialoguista y de provincias patagónicas. El principal reclamo se centra en que la medida centraliza el esfuerzo fiscal en los usuarios sin un mecanismo de compensación federal claro para las economías regionales.

Paralelamente, los entes reguladores (ENARGAS y ENRE) deben ahora convalidar la aplicación de los nuevos cuadros tarifarios que comenzarán a regir durante el próximo mes. El Poder Ejecutivo, no obstante, sostiene que mantendrá un esquema de «tarifa social» focalizado, aunque los requisitos de acceso a dicho beneficio se han vuelto considerablemente más restrictivos.

Analistas económicos advierten que el traslado pleno de estos costos al consumo impactará directamente en la inflación minorista de los próximos meses y reducirá el poder adquisitivo de los hogares. El Gobierno confía, sin embargo, en que la disciplina fiscal generará la estabilidad macroeconómica suficiente para mitigar este golpe.

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