Revelan que Adorni se construyó una casa en un country lujoso y Milei tuvo que negar que vaya a echarlo
La diputada Marcela Pagano amplió la denuncia penal contra Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito tras detectar una propiedad no declarada en un exclusivo barrio privado de Exaltación de la Cruz.
La presentación judicial señala que el jefe de Gabinete omitió en su declaración jurada la construcción de una vivienda de dos plantas en el Country Indio Cuá Golf Club. Según la denuncia, el funcionario alquila actualmente una casa en el mismo predio mientras avanza la obra de su nueva propiedad, ubicada en un lote cercano a la cancha de golf profesional del complejo.
La documentación aportada indica que las expensas del terreno en cuestión figuran a nombre de Bettina Angeletti, esposa de Adorni, con montos mensuales que alcanzan los 700 mil pesos. El ingreso a este club de campo requiere un pago inicial de 5 millones de pesos, mientras que el valor de las viviendas en el sector oscila entre los 150 mil y 250 mil dólares, cifras que la denunciante considera inconsistentes con los ingresos del funcionario.
En su última presentación patrimonial oficial, Adorni solo registró el 50 por ciento de un departamento en la Ciudad de Buenos Aires y una unidad en La Plata recibida por donación. La acusación resalta que no existe rastro del terreno ni de las mejoras edilicias en la provincia de Buenos Aires, sumando sospechas sobre otros gastos recientes como vuelos privados y traslados internacionales de su círculo familiar.
Ante la difusión de los datos, Javier Milei utilizó sus redes sociales para respaldar al jefe de Gabinete y desmentir versiones sobre su posible desplazamiento. El mandatario calificó de falsas las informaciones periodísticas que sugerían una salida inminente, repitiendo una estrategia de defensa cerrada frente a los cuestionamientos por presuntas irregularidades patrimoniales en el entorno de la Casa Rosada.
La situación de Adorni se debilita por la acumulación de expedientes que involucran también supuestas contrataciones de su esposa en diversos organismos del Estado. La justicia deberá determinar ahora la trazabilidad de los fondos utilizados para sostener el nivel de vida del portavoz, quien enfrenta su momento de mayor exposición judicial desde el inicio de la gestión libertaria.
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