PBA exige al Gobierno Nacional el pago de una deuda de $5,8 billones, incluyendo fondos coparticipables retenidos y la reactivación de obras paralizadas.
El gobierno de la provincia de Buenos Aires cuantificó la deuda que, según sus cálculos, la administración nacional mantiene con el distrito, ascendiendo a un total de $5,8 billones. La cifra fue presentada por el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, quien detalló que el monto se compone de partidas adeudadas, la interrupción de transferencias de fondos y la paralización de infraestructura vital. La demanda se enmarca en la creciente tensión fiscal entre la Nación y las provincias.
Bianco precisó que el reclamo incluye la restitución de fondos coparticipables que fueron recortados unilateralmente, la reanudación de programas nacionales discontinuados y la financiación pendiente para obras públicas que quedaron abandonadas en todo el territorio provincial. La paralización de estas obras afecta directamente la infraestructura de servicios y el empleo en la región.
España: más de 3.000 migrantes murieron tratando de llegar al país en 2025, según datos de una ONGDurante su exposición, el funcionario también emitió fuertes críticas contra el Presupuesto nacional en discusión, argumentando que no refleja las necesidades reales de la Provincia. Además, cuestionó duramente la Ley de Inocencia Fiscal que impulsa el Poder Ejecutivo, considerándola un mecanismo que favorece la evasión fiscal y debilita la capacidad recaudatoria del Estado.
En un giro político, Bianco criticó la postura del oficialismo respecto a las normativas electorales provinciales. Señaló que la administración central, al no intervenir, estaría avalando implícitamente la posibilidad de reelecciones indefinidas para intendentes, una práctica que la gestión bonaerense ha intentado limitar previamente.
La presentación formal de esta cuantificación de deuda intensifica la pulseada política y económica entre el Ejecutivo provincial y el Gobierno Nacional, marcando un nuevo capítulo en la disputa por la distribución de recursos y competencias.
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