La Casa Rosada oficializó un drástico ajuste presupuestario en infraestructura, priorizando el objetivo de equilibrio fiscal sobre la continuidad de los proyectos federales.
El Ministerio de Economía emitió anoche una resolución que congela o desfinancia un conjunto significativo de proyectos de infraestructura a nivel nacional. La medida responde a la necesidad de acelerar la reducción del gasto primario para consolidar el superávit financiero prometido.
Funcionarios de la cartera económica defendieron el ajuste, argumentando que la corrección del desvío fiscal es innegociable para estabilizar la macroeconomía. Se indicó que la reprogramación de partidas afectará principalmente a las obras con bajo nivel de ejecución o aquellas que dependían íntegramente de transferencias federales directas.
EEUU advierte a Diosdado Cabello si no colabora con la transición en VenezuelaLa respuesta de los gobernadores fue inmediata y transversal. Líderes provinciales de diversas extracciones políticas manifestaron profunda preocupación por el impacto socioeconómico y el cese abrupto de actividades esenciales en sus distritos. Advierten sobre la inminente pérdida de miles de puestos de trabajo.
Fuentes oficiales señalaron que el recorte implica la liberación de al menos 1,5 billones de pesos del presupuesto original previsto para el año en curso. Este monto representa el mayor ajuste en infraestructura en la última década y obliga a las administraciones subnacionales a renegociar con contratistas.
El impacto político de la decisión obligará al Gobierno a abrir una nueva mesa de negociación con los mandatarios provinciales. El debate central se trasladará ahora al Congreso, donde se deberá definir la reasignación de partidas y la posible compensación financiera para las jurisdicciones más afectadas por la parálisis.
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