La administración central mantiene una deuda millonaria con los cuarteles de bomberos voluntarios de todo el país tras incumplir con la transferencia integral de los fondos recaudados mediante las pólizas de seguros durante 2025.
La diputada bonaerense Priscila Minnaard presentó un proyecto para exigir que la provincia reclame a la Nación el envío urgente de los recursos previstos por la Ley 25.054. La legisladora de la UCR denunció que el Gobierno nacional decidió de forma discrecional no transferir el remanente de los subsidios destinados a la compra de equipamiento y funcionamiento operativo de las fuerzas de seguridad civil.
La normativa vigente desde 1998 establece que el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios se financia con un aporte del cinco por mil de todas las pólizas de seguro, con excepción de las de vida. Por este motivo, los fondos en cuestión no representan un gasto del tesoro nacional, sino que provienen de un gravamen específico pagado por los contribuyentes que el Estado debe distribuir de manera obligatoria.
El Senado de la Nación ratificó a Bartolomé Abdala como Presidente ProvisionalPara el periodo 2025 se asignaron partidas superiores a los 52 mil millones de pesos, pero el segundo pago semestral nunca se concretó de manera efectiva. Según los registros de las asociaciones civiles, la deuda acumulada se sitúa entre los 12 mil millones y los 25 mil millones de pesos, lo que representa una quita de casi el cincuenta por ciento del presupuesto anual que ya había sido recaudado.
Frente al impacto de los incendios en la región patagónica, el Poder Ejecutivo comunicó recientemente el giro de 120 mil millones de pesos para intentar contener los reclamos de los jefes de cuarteles. No obstante, las organizaciones de bomberos aclararon que no se trata de una partida especial ni de un beneficio extraordinario, sino simplemente del cumplimiento tardío de la ley que el propio Estado había dejado de ejecutar.
Existe una marcada preocupación en el sector debido a que la cifra anunciada por el Gobierno es similar a la que el Ministerio de Economía proyecta presupuestar para todo el ejercicio 2026. Esta coincidencia sugiere que el oficialismo podría utilizar los fondos del próximo año para cancelar las deudas pendientes, sin resolver el desfasaje financiero real que sufren las entidades de socorro en la actualidad.
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