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Cierra el año con frentes de conflictos para los gobernadores de Córdoba, Chaco y Entre Ríos

31 Dic, 2025 9:38 a.m.|Actualizado: 31 Dic, 2025 10:02 a.m. AR
Cierra el año con frentes de conflictos para los gobernadores de Córdoba, Chaco y Entre Ríos

La tensión entre las administraciones provinciales y la Nación por el financiamiento del transporte escala, impactando la gobernabilidad en diversas jurisdicciones.

La disputa por los subsidios al transporte público federalizó la crisis política, poniendo en la mira a varios gobernadores que enfrentan simultáneamente la escasez de fondos y la presión social. El cruce más reciente se registró entre un alto dirigente estatal y el mandatario cordobés Martín Llaryora, quien debió intervenir públicamente para pedir moderación en el tono de las discusiones.

Llaryora instó a la cautela tras el duro intercambio verbal, buscando mitigar la escalada dialéctica que expuso las fracturas en la relación entre el poder central y las estructuras provinciales. La preocupación principal en Córdoba gira en torno a sostener la prestación de servicios esenciales sin comprometer gravemente la caja provincial.

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La crisis de financiamiento se replica con gravedad en el norte del país. En Chaco, el gobernador Leandro Zdero es objeto de fuertes críticas debido a la paralización parcial de servicios de colectivos. La falta de actualización de tarifas y la demora en las compensaciones federales han forzado la suspensión de recorridos claves para miles de usuarios.

La conflictividad también alcanzó a Rogelio Frigerio en Entre Ríos, donde la protesta adoptó una modalidad directa. Gremios y usuarios organizaron una asamblea espontánea dentro del patio de la Casa de Gobierno provincial. Esta medida de fuerza subraya la urgencia de hallar una solución inmediata a la retracción de partidas presupuestarias.

El panorama expone un desafío común para los ejecutivos provinciales, quienes lidian con la reestructuración de los gastos de infraestructura sin el soporte histórico de la Nación. La necesidad de restablecer el diálogo institucional es imperiosa para evitar que la parálisis de los servicios públicos profundice la inestabilidad social.

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