Tras la operación militar de Estados Unidos que culminó con la captura del líder venezolano, amplios sectores cívicos exigen que María Corina Machado asuma la conducción del país para iniciar la transición democrática.
Estados Unidos confirmó este sábado la ejecución de una operación militar focalizada dentro del territorio venezolano, la cual resultó en la captura del máximo líder del régimen, cuyo nombre fue mantenido bajo reserva por fuentes del Departamento de Estado hasta la mañana del domingo. La acción se desarrolló en las primeras horas de la madrugada y marcó un quiebre significativo en la prolongada crisis política y humanitaria que atraviesa el país caribeño.
La noticia de la detención generó un inmediato vacío de poder y movilizó a sectores de la sociedad civil y a la diáspora opositora. Numerosos grupos comenzaron a articular una exigencia de cambio institucional inmediato, buscando capitalizar el colapso del liderazgo central que había gobernado por más de una década.
Donald Trump aseguró que Delcy Rodríguez «está cooperando» y advirtió: «Necesitamos acceso al petróleo»En este contexto de profunda incertidumbre, las facciones que históricamente bregan por la restauración democrática han impulsado la figura de María Corina Machado como la persona idónea para encabezar el proceso de transición. Los líderes de opinión sostienen que su perfil es crucial para restablecer la confianza internacional y articular un plan de reconstrucción nacional urgente.
Si bien Washington no brindó detalles específicos sobre la logística de la operación, funcionarios de la Casa Blanca indicaron que el objetivo principal fue desmantelar la estructura de mando que, según EE. UU., sostenía la inestabilidad regional. Ahora, la atención se centra en cómo la comunidad internacional reconocerá y apoyará la formación de un nuevo gobierno provisional en Caracas.
La situación se mantiene en un estado de extrema volatilidad, con reportes de despliegues militares residuales y llamados a la calma por parte de actores regionales clave como Colombia y Brasil. El desafío inmediato para cualquier administración entrante será garantizar la estabilidad institucional y evitar una escalada de violencia en las próximas 72 horas.
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