La jubilada que le prestó cien mil dólares a Adorni pidió en 2025 un subsidio de 60 mil pesos en la Ciudad

Una de las jubiladas que prestó cien mil dólares a Guillermo Adorni para la compra de su vivienda solicitó un subsidio estatal de sesenta mil pesos mensuales por bajos ingresos.
Claudia Sbabo, de sesenta y cuatro años, aparece en los registros como la prestamista que facilitó la mudanza del jefe de Gabinete al barrio de Caballito mediante una hipoteca no bancaria. La mujer aportó la mitad de los doscientos mil dólares que costó la propiedad, una cifra que contrasta con su actual pedido de asistencia económica al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
La legisladora Graciela Ocaña reveló que la supuesta inversora tramitó el beneficio del Pase Cultural para el año entrante, un programa exclusivo para adultos mayores con ingresos menores a seiscientos mil pesos. Esta solicitud pone en duda la veracidad del préstamo otorgado al funcionario, dado que el acceso al subsidio exige demostrar una situación financiera incompatible con el manejo de divisas extranjeras.
Adorni admitió la compra del inmueble y justificó su patrimonio a través de diversas deudas contraídas con familiares y personas de avanzada edad sin vínculo directo aparente. Además de Sbabo, el funcionario registró obligaciones financieras con su madre y otra mujer de noventa y cinco años, un mecanismo que la oposición cuestiona por su similitud con estrategias tradicionales de encubrimiento patrimonial.
El crecimiento de los bienes del jefe de Gabinete incluye otra propiedad en Parque Chacabuco y la adquisición de vehículos de alta gama realizados durante el último año de gestión. La utilización de acreedores externos al sistema bancario permite eludir los controles de origen de fondos que las entidades crediticias aplican habitualmente a las personas políticamente expuestas.
La situación de los involucrados será analizada para determinar si existió una simulación de préstamos con el objetivo de justificar activos que no coinciden con los ingresos declarados. El cruce de datos entre las declaraciones juradas y los pedidos de ayuda social en el ámbito porteño será un factor clave para esclarecer el esquema financiero detrás de las propiedades del funcionario.
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