La comunidad internacional debate nuevas estrategias para abordar el persistente colapso económico y la crisis institucional que atraviesa Venezuela.
La situación política y económica de Venezuela volvió a ocupar la agenda prioritaria de los organismos multilaterales esta semana, tras una serie de declaraciones cruzadas sobre la viabilidad de futuras elecciones y la flexibilización de sanciones impuestas por Estados Unidos. El foco regional se posó sobre la falta de cumplimiento de los acuerdos de Barbados firmados el año pasado, que buscaban una hoja de ruta para la normalización democrática.
Fuentes diplomáticas confirmaron que hubo contactos informales entre representantes de Washington y Caracas para evaluar un mecanismo que permita liberar activos venezolanos congelados, específicamente aquellos destinados a fines humanitarios. Sin embargo, este movimiento se encuentra directamente ligado a la exigencia de garantías democráticas claras y el cese de la inhabilitación de líderes opositores.
Con la presencia de la Argentina, la CELAC se reunió por la captura de Nicolás Maduro y no logró consensosDesde el Palacio de Miraflores, el gobierno de Nicolás Maduro ha insistido en que las medidas coercitivas unilaterales son el principal impedimento para la recuperación económica del país, rechazando cualquier intento de injerencia en los asuntos internos. Simultáneamente, ha redoblado la persecución judicial contra figuras clave de la oposición que intentan estructurar un frente unificado para las próximas elecciones presidenciales.
El bloque regional de países, incluyendo a los miembros del Mercosur, observa con cautela los avances, temiendo que una mayor inestabilidad en la gobernabilidad venezolana desencadene nuevas olas migratorias que profundicen la crisis humanitaria en las fronteras. La Organización de Estados Americanos (OEA) se mantiene firme en su postura de exigir observación internacional plena para los comicios.
El panorama actual evidencia un complejo estancamiento donde las presiones externas no logran modificar de manera sustancial la postura del régimen, mientras que las necesidades básicas de la población civil continúan deteriorándose a niveles críticos. Los próximos meses serán cruciales para determinar si la diplomacia podrá reencauzar un proceso de transición efectiva.
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