La Justicia provincial investiga a funcionarios por incumplimiento de sus deberes tras el conflicto gremial que el gobernador Maximiliano Pullaro desactivó con una mejora salarial.
La Justicia inició un proceso formal contra funcionarios del gabinete por la presunta omisión de responsabilidades durante las jornadas de protesta sindical. La acusación apunta al incumplimiento de los deberes de funcionario público durante la parálisis de servicios estatales fundamentales.
El avance judicial ocurre de forma simultánea a la resolución política del conflicto que el gobernador Maximiliano Pullaro concretó mediante un anuncio de incremento salarial. El acuerdo económico permitió levantar las medidas de fuerza que afectaban el normal funcionamiento de la administración provincial.
Irán anunció un «acuerdo general» con EEUU sobre «puntos rectores» del pacto nuclearLa estrategia del Ejecutivo santafesino se enfocó en cerrar la brecha con los gremios para garantizar la continuidad de las prestaciones estatales. Con la firma de los nuevos decretos de haberes el gobierno provincial buscó reducir el impacto de las demoras que ahora son objeto de peritaje legal.
El Ministerio Público de la Acusación recolecta pruebas para determinar si existió dolo o negligencia en el manejo de las áreas que quedaron desprotegidas durante el conflicto. La investigación busca esclarecer si los responsables técnicos actuaron conforme a las normativas vigentes para situaciones de emergencia prestacional.
El presente en Santa Fe se divide entre la normalización de la actividad pública y el derrotero de una causa que podría afectar la estructura jerárquica de la gobernación. El desenlace de la investigación penal marcará un precedente sobre el límite de la responsabilidad política ante reclamos gremiales extendidos.
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