El Jefe del Estado Mayor Conjunto reincorporó como proveedora de la Armada a una empresa que había sido apartada por irregularidades en la entrega de suministros alimenticios.
Carlos Presti dispuso el regreso de State Grid Argentina como contratista de la Armada, revirtiendo una decisión previa de la gestión de Luis Petri. La firma alimenticia había sido desplazada luego de una auditoría que detectó inconsistencias graves en el cumplimiento de los contratos. Según los controles realizados durante la etapa anterior, la empresa entregaba un veinticinco por ciento menos de la mercadería que efectivamente cobraba al Estado nacional.
La proveedora mantiene vínculos con la corporación estatal de energía de China, un factor que suma tensión dadas las relaciones estratégicas actuales con los Estados Unidos. Antecedentes negativos pesan sobre la compañía, que ya estuvo involucrada en un escándalo por gastos millonarios en postres destinados al Ejército. Pese a estas advertencias técnicas, la conducción actual de las fuerzas decidió otorgarle nuevamente la responsabilidad de la distribución de suministros.
Caos en la comunicación oficial ante el cierre de Fate, pasaron de acusar a los delegados troskos a denunciar una conspiración golpista del dueñoEsta medida se produce mientras Presti enfrenta cuestionamientos internos por su situación salarial y administrativa. Un decreto presidencial le permite ejercer su función actual sin abandonar su rango de Teniente General, lo que se traduce en ingresos que duplican los de otros altos mandos de la Armada. La disparidad generó malestar entre los almirantes y jefes de las diversas fuerzas que perciben la medida como un beneficio personal discrecional.
El clima institucional se ve afectado también por la crisis de IOSFA, la obra social militar que fue disuelta recientemente por el Poder Ejecutivo. La entidad acumula una deuda superior a los doscientos mil millones de pesos, provocando el corte de servicios esenciales en clínicas y hospitales de todo el país. Los afiliados denuncian una desprotección sanitaria mientras el Gobierno intenta reorganizar el sistema de salud para el personal uniformado y sus familias.
La situación económica de los cuadros se agrava por el estancamiento de los haberes y la suspensión del plan de jerarquización salarial iniciado por la gestión anterior. Muchos efectivos perciben hoy ingresos que se ubican por debajo de la línea de pobreza, quedando rezagados respecto a las fuerzas de seguridad federales. La falta de respuestas concretas ante el deterioro del poder adquisitivo profundiza el descontento en un área de alta sensibilidad política y estratégica.
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