Por: Redacción SDN / Seguridad y Política
En un lapso de apenas 40 días, la provincia de San Luis ha modificado radicalmente su esquema de seguridad pública, pasando de la gestión autónoma tradicional a un modelo de co-gestión federal e internacional. La secuencia de hechos —iniciada con la reunión Monteoliva-Sosa en diciembre, consolidada con la capacitación de la DEA esta semana y ejecutada con la creación del «Comando Unificado»— revela un diagnóstico tácito: las capacidades provinciales se han visto superadas por la complejidad del delito, obligando al Ejecutivo a solicitar auxilio externo.
1. El Hecho Táctico: Comando Unificado y la «Zona Roja» del Sur
La Resolución del Ministerio de Seguridad de la Nación que crea el Comando Unificado San Luis es, en términos administrativos, una declaración de emergencia. El texto oficial justifica el despliegue de fuerzas federales (Gendarmería, PFA, PSA) argumentando que existe un «peligro colectivo para la vida y el patrimonio».
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- Jurisdicción: Se focaliza en el sur provincial. Esto no es aleatorio; responde a la presión de entidades como CARTEZ y la Sociedad Rural Río Quinto, que venían denunciando una «zona liberada» para el abigeato y el movimiento de cargas ilícitas.
- Mando: La conducción operativa queda en manos de la Policía Federal Argentina (PFA), subordinando en la práctica a los efectivos provinciales que se integren al operativo en esa zona específica.
- Temporalidad: 180 días prorrogables. Es una intervención de choque, no una solución estructural permanente.
2. El Hecho Estratégico: La Inteligencia de la DEA
Mientras el Comando Unificado opera en el terreno (patrullaje), la capacitación de la Drug Enforcement Administration (DEA) a 91 agentes locales apunta a la «inteligencia criminal».
El gobernador Claudio Poggi y la ministra Nancy Sosa buscan atacar la cadena de valor del narcotráfico (lavado de activos, precursores químicos) y no solo el narcomenudeo. La presencia de analistas como Richard Candelaria indica un intento de profesionalizar a la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico, elevando los estándares de investigación a niveles internacionales.
Análisis de Escenario: Pros y Contras de la Federalización
La decisión de abrir el territorio a fuerzas federales y organismos extranjeros presenta una dualidad que debe ser analizada rigurosamente:
✅ Puntos a Favor (Fortalezas)
- Saturación y Disuasión: La llegada de fuerzas federales al sur provincial ofrece una respuesta inmediata de visibilidad y control territorial que la policía provincial, por falta de recursos humanos o logísticos, no podía garantizar.
- Salto de Calidad Investigativa: La capacitación de la DEA permite a San Luis acceder a bases de datos y metodologías de investigación de delitos complejos que son inaccesibles para una policía local convencional.
- Blindaje Político: Al involucrar a Nación (Monteoliva), la provincia comparte el costo político de la inseguridad. Si la crisis continúa, la responsabilidad es compartida.
❌ Puntos en Contra (Riesgos)
- Pérdida de Autonomía: La creación del Comando implica que, en una porción del territorio, las decisiones operativas las toma Nación, no la provincia. Esto puede generar roces de mando entre comisarios locales y comandantes federales.
- El «Efecto Rebote»: La experiencia en otras provincias (como Santa Fe) demuestra que, tras el retiro de las fuerzas federales (post 180 días), el delito suele recrudecer si no se saneó la fuerza local. ¿Es una solución o un «parche»?
- Desplazamiento del Delito: Al blindar el sur, existe el riesgo técnico del «efecto globo»: que la criminalidad migre hacia zonas norteñas o céntricas con menor vigilancia federal.
El Vacío Legislativo: Un llamado a la acción parlamentaria
La implementación de estas medidas se ha realizado exclusivamente a través de resoluciones ministeriales y convenios ejecutivos. Aquí se abre una ventana de oportunidad —y responsabilidad— para la Legislatura de San Luis.
Interrogantes para un Proyecto de Ley: El escenario actual deja «la puerta abierta» para que un legislador tome la posta y plantee un marco regulatorio que trascienda la emergencia de los 180 días:
- ¿Cuál es el protocolo de salida? La Legislatura debería exigir un plan de transición para cuando las fuerzas federales se retiren. ¿Cómo se preparará la policía provincial para retomar el control?
- Auditoría de Recursos: ¿Qué costo fiscal tiene para la provincia el alojamiento y logística de las fuerzas federales? Un pedido de informes es imperativo para la transparencia de las cuentas públicas.
- Ley de Inteligencia Provincial: Ante la capacitación de la DEA, ¿San Luis cuenta con una normativa moderna que regule cómo se usa esa inteligencia para evitar abusos o espionaje interno, garantizando que se use solo contra el crimen organizado?
- Emergencia Rural: ¿Es necesario legislar una zona de protección especial para el sector agropecuario del sur, dotándola de fiscalías temáticas específicas, como reclaman las entidades rurales?
La seguridad ha dejado de ser un asunto meramente policial para convertirse en un debate de soberanía jurisdiccional y calidad institucional. El Ejecutivo ha movido sus fichas; ahora es el turno del Poder Legislativo de fiscalizar si este «escudo federal» es una política de Estado o una medida coyuntural.
