El vicepresidente boliviano denunció que el presidente emitió decretos inconstitucionales, centrando el conflicto legal en la eliminación de la subvención a los combustibles.
La crisis institucional en Bolivia escaló este lunes después de que el vicepresidente señalara públicamente al jefe de Estado por la supuesta emisión de normativas que contradicen la Constitución nacional. El señalamiento abre un nuevo capítulo en la creciente disputa dentro del Poder Ejecutivo, elevando el tono de la confrontación interna.
Entre los actos cuestionados por la vicepresidencia, la atención se centra en un paquete de medidas económicas que incluye la drástica eliminación de la subvención a los combustibles. Este decreto específico es el que genera mayor fricción legal y política, dada su implicancia directa en el costo de vida de los ciudadanos y el transporte.
Esta es la serie que todos están viendo en Netflix después de la decepción del episodio 9 de ‘Stranger Things’: 6 horas y 16 minutos de suspenseFuentes cercanas al vicepresidente indicaron que la objeción no se limita a una diferencia de criterios económicos, sino que apunta directamente a la validez del procedimiento administrativo para la promulgación de leyes. Esta denuncia expone la profunda fisura existente entre las dos máximas figuras del gobierno boliviano, evidenciando una lucha por el control político.
La acusación de inconstitucionalidad pone en tela de juicio la legitimidad de las decisiones adoptadas por el presidente en materia fiscal y energética durante el último mes. La oposición política ya anticipó que utilizará estas declaraciones para impulsar mecanismos de revisión judicial sobre los decretos señalados.
El quiebre en la cúpula del poder Ejecutivo boliviano obliga a una reevaluación inmediata de la gobernabilidad y amenaza con paralizar la agenda legislativa. La disputa legal sobre los subsidios podría derivar en una revisión de políticas que impactan directamente en la estabilidad macroeconómica del país andino.
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