Alejandro Escudero, bicicletero
El gobierno provincial oficializó un plan de reactivación de la obra pública con una inyección de 3.000 millones de pesos para asegurar el empleo y finalizar proyectos demorados.
El Ministerio de Obras Públicas de la provincia de San Luis confirmó este martes el inicio del desembolso de 3.000 millones de pesos destinados a dar continuidad a más de cuarenta proyectos de infraestructura que se encontraban con retrasos financieros. La medida busca estabilizar la cadena de pagos a contratistas y mitigar el impacto del parate económico en miles de puestos de trabajo directos e indirectos en el territorio puntano.
La decisión fue presentada como una política de choque para dinamizar la economía local y cumplir con compromisos preexistentes con municipios y empresas constructoras. Las autoridades definieron que se priorizarán aquellas obras estratégicas con un nivel de avance superior al sesenta por ciento, abarcando desde la finalización de nuevas rutas hasta la ampliación de centros de salud y establecimientos educativos.
Este movimiento financiero se realiza utilizando recursos propios de la coparticipación provincial, reasignando partidas presupuestarias de áreas no esenciales. El Poder Ejecutivo provincial enfatizó que esta maniobra es una respuesta directa a la necesidad de mantener el ritmo de gestión ante la disminución de fondos federales destinados a la infraestructura.
Las cámaras empresariales del sector de la construcción celebraron el anuncio, señalando que la falta de liquidez en la obra pública había generado una crisis profunda en la actividad desde el inicio del año fiscal. Se estima que la liberación de estos fondos permitirá la reincorporación inmediata de personal técnico y obrero que había sido desvinculado.
El cronograma de ejecución prevé que la primera liquidación se concrete durante la última semana del mes en curso, enfocándose en deudas menores y certificaciones pendientes de cobro. El gobierno aseguró que se establecerán mecanismos rigurosos de monitoreo para garantizar la transparencia y el estricto cumplimiento de los plazos de finalización de cada proyecto.
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